El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, rechazó todos los planteos de la defensa de Sergio Urribarri y el empresario Diego Cardona Herreros, remitiendo la causa a juicio oral.
El juez de Garantías N°6 de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió remitir a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri —imputado como autor—, y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros —como partícipe necesario—. Tras una audiencia de poco más de una hora, la causa fue derivada a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para fijar la fecha del debate oral, mientras que los abogados defensores adelantaron que apelarán la resolución.
En el expediente, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull solicitaron una pena de 5 años y 10 meses de prisión para Urribarri, junto al decomiso de más de 11,5 millones de pesos, 7 millones de dólares y 16.300 euros. Para Cardona Herreros solicitaron 5 años de cárcel más la restitución de más de 8 millones de pesos, 7 millones de dólares y 14.100 euros.
El exgobernador, que actualmente cumple una condena de 8 años en la Unidad Penal de Gualeguaychú por el “megajuicio por corrupción”, suma así su segundo proceso pendiente junto al empresario, con quien también está imputado en la causa conocida como “coimas”.
Al rechazar los planteos de la defensa —representada por Miguel Cullen, Ignacio Díaz y José Velázquez—, el juez desestimó los pedidos para excluir pruebas digitales y realizar dos nuevas pericias.
Respecto al peritaje informático, consideró que la evidencia obtenida es pertinente y que los cuestionamientos sobre su interpretación deben discutirse en el debate. Sobre la pericia contable, remarcó que ya fue realizada de forma conjunta por la perito de la Fiscalía y el perito de parte propuesto por la propia defensa, por lo que las diferencias sobre los montos, los ingresos familiares o las siglas encontradas en allanamientos no justifican repetir el estudio, sino que deberán abordarse mediante el contrainterrogatorio a los expertos durante el juicio.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que la relación entre el exmandatario y el titular de la firma Relevamientos Catastrales excedió el vínculo de contratista del Estado.
Según la acusación, la maniobra incluyó el uso de cajas fuertes empresariales a disposición de Urribarri, el pago de viajes al exterior para su familia, la adquisición de vehículos, el financiamiento de reformas inmobiliarias y el pago de sobreprecios con retornos a funcionarios provinciales.
Fuente: Con información de Análisis y APFdigital
