Ley Micaela: Diputados y la Vicegobernación firmaron un convenio para fortalecer la capacitación con perspectiva de género

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y la vicegobernadora, Alicia Aluani, acordaron acciones comunes para promover la formación del personal legislativo en la temática de género y la prevención de las diferentes formas de violencia.

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, y la vicegobernadora, Alicia Aluani, firmaron este miércoles 4 un convenio marco para implementar un programa de capacitación en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres, en el marco de la Ley Micaela. La propuesta formativa será destinada al personal de la Cámara Baja, con el objetivo de afianzar la sensibilización y la promoción de vínculos laborales basados en el respeto y la igualdad.

Además de los titulares de las Cámaras Legislativas, participaron de la actividad la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; los diputados Carolina Streitenberger, Silvio Gallay, Bruno Sarubi, Juan Manuel Rossi, Marcelo López, Noelia Taborda, Gabriela Lena, Verónica González y Débora Todoni; la secretaria Parlamentaria, Julia Garioni; el prosecretario Legislativo, Lucas Ullúa; en representación del Senado, el secretario del cuerpo, Sergio Avero; la secretaría coordinadora, Julieta Sosa y la prosecretaria, Sara Foletto; el coordinador de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Leandro Dato; la comisaria inspectora, María Fernanda Ramírez, integrante de la División Minoridad y Violencia Familiar de la Policía de Entre Ríos y la responsable del Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Vicegobernación, Lucía Borroni; autoridades del gobierno provincial y del ámbito legislativo; y el personal de la Cámara de Diputados.

Durante la apertura de la actividad, el titular de la Cámara Baja, Gustavo Hein, destacó la importancia de visibilizar y reflexionar en torno a las desigualdades de género en cada espacio laboral. “Es una temática vinculada a los modos de relacionarnos y a la violencia generalizada que suele normalizarse”, señaló.

Acto seguido, Hein subrayó la labor articulada con diferentes organismos del Estado provincial y en particular, la gestión articulada con la Vicegobernación, para habilitar esta instancia de capacitación. En ese marco, valoró el aporte del Observatorio de Género y Derechos Humanos, dependiente del organismo. Al respecto manifestó: “Se trata de gente que se preparó para educarnos y enseñarnos aún más. Debemos tener esa capacidad de absorción para interpretar los momentos en los que se vive. Hay que mostrar que el Estado puede trabajar en conjunto en diferentes aspectos, a través de la optimización de esfuerzos y recursos”.

A su tiempo, la vicegobernadora Alicia Aluani, valoró la posibilidad de fortalecer las instancias de formación y sensibilización en materia de género, al tiempo que sostuvo que la Ley Micaela constituye una herramienta fundamental para promover la reflexión, generar conciencia y brindar herramientas para prevenir y abordar las situaciones de violencia. En este sentido, la titular del Senado remarcó que se trata de una problemática atravesada por desigualdades históricas, relaciones de poder y distintas formas de discriminación que vulneran derechos fundamentales. “Como funcionarios públicos tenemos una enorme responsabilidad”, expresó al tiempo que subrayó la necesidad de trascender las estadísticas y avanzar en acciones concretas de prevención, capacitación y acompañamiento desde el Estado.

Sobre la Ley Micaela

La Ley Micaela (Ley Nacional Nº 27.499) es una norma argentina -sancionada en 2018 y que cuenta con adhesión provincial a través de la Ley Provincial Nº 10.768- que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, cualquiera sea su nivel o jerarquía.

Su objetivo central es incorporar la perspectiva de género en las prácticas institucionales, prevenir las violencias y promover intervenciones estatales que garanticen la igualdad y los derechos humanos.

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