La diputada Gabriela Lena presentó un proyecto de ley para crear un régimen provincial de recupero de gastos por intervenciones técnicas y pericias accidentológicas. La iniciativa procura que los recursos destinados a estas tareas puedan reinvertirse en equipamiento, insumos y capacitación del personal policial especializado.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos analiza un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo de recupero de los gastos que demanda la intervención de los organismos provinciales ante accidentes de tránsito. La propuesta, impulsada por la diputada Gabriela Lena, apunta a reconocer los costos de las prestaciones técnicas y fortalecer los recursos destinados a la investigación accidentológica.
En diálogo con Radio Diputados, la legisladora explicó que la propuesta surgió de observar cómo se distribuyen los costos derivados de los accidentes de tránsito y el trabajo que realizan los organismos públicos para esclarecerlos. “En los juicios cobran los peritos, cobran los abogados, cobran todos, aunque no cobra la Policía, que es la que hace la pericia fundamental para que el juez pueda determinar el grado de daños, la culpabilidad y que todos puedan cuantificar el monto de ese reclamo”, expresó.
Lena aclaró que el propósito es recuperar exclusivamente los gastos que afronta el Estado por estas prestaciones. En ese sentido, remarcó que los fondos no se destinarán a Rentas Generales, sino que volverán a la Policía para mejorar sus capacidades operativas. “La idea es que esos fondos vayan a la Policía, para capacitar al personal, tener mejores elementos y poder reinvertir en todos los insumos que se utilizan para estas pericias”, sostuvo.
Alcances de la iniciativa
El proyecto comprende tareas como relevamientos del lugar del siniestro, inspecciones de vehículos, registros fotográficos y planimétricos, estudios sobre la mecánica del accidente y elaboración de informes periciales. Los aranceles se establecerán según el costo efectivo, la complejidad de cada intervención y los recursos utilizados.
El articulado contempla que las compañías aseguradoras puedan afrontar esos importes cuando exista cobertura vigente y fundamento legal y contractual. También establece exenciones para personas sin recursos económicos y otras situaciones justificadas. Del mismo modo, garantiza que el recupero no condicione la intervención policial ni afecte la asistencia a las víctimas o las investigaciones judiciales.
Entre los fundamentos, Lena sostiene que las investigaciones accidentológicas requieren personal especializado, instrumental técnico y recursos tecnológicos que el Estado debe mantener para cumplir adecuadamente sus funciones. En este contexto, considera necesario “establecer mecanismos transparentes y razonables que permitan recuperar los costos de determinadas prestaciones, sin afectar la protección de las personas involucradas ni el acceso a la justicia”. La iniciativa cuenta con estado parlamentario y fue girada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
