La jueza María Carolina Castagno confirmó la resolución del Juez de Garantías Julián Vergara y rechazó el planteo de la defensa para morigerar la prisión preventiva del imputado.
La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, resolvió este lunes mantener la prisión preventiva de Alejandro Almada, en el marco de la investigación penal denominada “Contratos Truchos” en la Legislatura provincial.
La causa Contratos ya está remitida a juicio oral. Hay 18 personas que serán juzgadas por el desvió de unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018 de las cámaras legislativas entrerrianas. Hasta mediado de este año los imputados ni siquiera se habían acercado a Tribunales. Sin embargo, una revelación del programa Cuestión de Fondo (canal 9 Litoral) puso en evidencia que el implicado Alejandro Almada, familiar del cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera estaba viviendo en Brasil. No solo vivía en Foz de Iguazú sino que también tiene inversiones millonarias junto a su supuesta expareja.
Tras escuchar las exposiciones formuladas por el defensor técnico del imputado, Miguel Cullen, y los argumentos del Ministerio Público Fiscal —representado por los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro— junto al representante de la Fiscalía de Estado, Tulio Kamlofky, la magistrada resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa.
De este modo, la jueza Castagno confirmó de manera íntegra la resolución dictada el pasado 13 de octubre por el Juez de Garantías Nº 4, Julián Vergara, e impuso las costas del trámite recursivo a cargo del apelante.
Antecedentes del caso y riesgos procesales
Almada permanece privado de su libertad desde septiembre, cuando la jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso inicialmente su alojamiento en la cárcel de Paraná por un plazo de 30 días tras ser formalmente imputado por el delito de fraude a la Administración Pública. Cumplido dicho lapso, la medida restrictiva fue prorrogada por el juez Vergara.
Durante el proceso, el fiscal Ignacio Aramberry argumentó que la prisión preventiva resulta indispensable debido al riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Entre los principales fundamentos expuestos por la Fiscalía se destacó que el imputado incurrió en la falsedad del domicilio real declarado para vincularse al proceso y violó la prohibición de ausentarse de la ciudad de Paraná sin autorización previa.
Asimismo, la representación fiscal advirtió sobre la radicación de negocios familiares en el exterior (específicamente en la zona de la triple frontera), lo que evidenciaría facilidades para ocultarse e infringir la inhibición general de bienes vigente sobre su patrimonio. A ello se suma la inminencia del envío de la causa a juicio oral, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal solicitará una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Con la confirmación dictada por la jueza Castagno, Almada continuará cumpliendo la medida de coerción tras las rejas.
