La defensa del abogado y comisario, Daniel Rosatelli, presentó recurso de apelación contra el procesamiento y prisión preventiva que dictó el juez Federal, Leandro Ríos.
De la lectura de la apelación presentada por los defensores de Daniel Rosatelli, surge que los abogados sostienen que el procesamiento dictado se apoya en pruebas forzadas y que el juez Leandro Ríos elaboró un guion de ficción al intentar vincularlo con el transporte de más de 1.300 kilogramos de marihuana secuestrados en el departamento La Paz.
A través del recurso de apelación interpuesto por los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, la defensa solicitó la revocación del procesamiento, el sobreseimiento del oficial de policía y abogado, y la revisión de la prisión preventiva y el embargo de 12.250.000 pesos impuestos por el juez federal Leandro Ríos.
En el escrito defensivo de 55 páginas, los letrados sostienen que la resolución judicial carece de un análisis objetivo y que el magistrado recurre sistemáticamente a interpretaciones forzadas para unir dos hechos independientes: la compraventa y gestiones sobre una camioneta Citroën Jumper en noviembre de 2025 en Paraná, y el hallazgo del vehículo cargado con droga tres meses después, el 13 de febrero de 2026, en La Paz.
Entre las principales críticas a la valoración del juez Ríos, la defensa destaca la inexistencia de un plan común, la verificación vehícular, los encuentros en la vía pública entros los imputados, el análisis del patrimonio, el incidente en la sede de la Organización No Gubernamental Suma de Voluntades.
La defensa rechaza que Rosatelli haya actuado coordinadamente con la organización que llevaba el estupefaciente, señalando que el juez incurre en “saltos inferenciales” realizados “sin criterio lógico y, en otras, sin apego a la experiencia y psicología común”. Destacan que el propio jefe de la Dirección Drogas Peligrosas, comisario Adrián Ramos, reconoció que no existe una sola llamada, coincidencia de geolocalización o mención sobre Rosatelli en las escuchas de los transportadores.
Por otra parte, el juez afirmó que Jonatan Barbieri y Martín Pelizzari fueron atendidos en la Planta Verificadora “sin turno, por orden de Daniel Alejandro Rosatelli”. La defensa califica esto como una “suposición desvirtuada“, citando la declaración de Barbieri que atribuyó la llamada a Pelizzari y señalando que el perito verificador Marcos Ismael Naumof declaró no conocer a Rosatelli.
Frente a la afirmación de Ríos de que Pelizzari pidió alejarse a Barbieri para “preservar la identidad del verdadero adquirente, en una operación opaca”, la defensa retruca que no tiene sentido calificarlo de clandestino cuando el encuentro ocurrió “precisamente en frente o en inmediaciones de su propio domicilio, en plena vía pública y en un sector sometido a videovigilancia policial por el domo policial”.
Respecto al pasaje donde el juez Ríos anota entre paréntesis que Rosatelli “se detiene y se oculta con las ramas del árbol, pero se lo puede observar con la cabeza baja y mirando el celular”, los defensores denuncian una distorsión visual: sostienen que fue el ángulo de la cámara en altura el que interpuso las ramas y no una acción deliberada del imputado para “ocultarse”.
Análisis patrimonial e “inflado de flujos”
Sobre la supuesta capacidad económica inusual atribuida por acreditaciones bancarias y de Mercado Pago por 53 millones de pesos, la defensa dice que el juez cometió un “error clásico de duplicación de saldos por movimientos internos, también conocido en finanzas y peritajes como ‘inflado de flujos”. Afirman que el magistrado generó una verdadera “ficción financiera” al sumar créditos de manera aislada sin verificar que el 92% de los fondos en el bimestre correspondían a transferencias entre cuentas del propio Rosatelli.
Mientras que el juez sostuvo en el procesamiento que Rosatelli era titular del 100% de ocho propiedades, los abogados aclaran que esa cifra responde a una lectura errónea de informes históricos de la AFIP/ARCA donde figuraban registros antiguos y duplicados. Al cruzar los datos actualizados de ARCA con los registros de ATER, la defensa afirma que Rosatelli es titular de “tres inmuebles”.
Los abogados explican el departamento de calle Echagüe aparece dos veces en el sistema porque primero adquirió el 50% y posteriormente le compró el otro 50% a su expareja, tratándose del mismo inmueble. Después tiene un inmueble en Chajarí y un terreno en Paraná.
Por otra parte, la defensa sostiene que la adquisición de moneda extranjera por parte de Rosatelli se realizó mediante “fuentes lícitas y su capacidad de ahorro histórica”, ya que entre 2018 y 2026, Rosatelli acumuló remuneraciones brutas como oficial de policía por 114.210.408,56 pesos y facturación como abogado monotributista por 24.471.820 pesos. A partir de esa capacidad de ingresos, dicen los abogados realizó compras documentadas de 31.160 dólares entre los años 2015 y 2023, a un costo nominal acumulado de 1.118.055 pesos.
El altercado en la ONG “Suma de Voluntades”
Para sostener la prisión preventiva y la acusación por lesiones e intimidación, el juez Ríos interpretó que el incidente violento ocurrido el 12 de noviembre de 2025 en la sede de la ONG “Suma de Voluntades” tenía como fin coaccionar para recuperar la camioneta o retirar denuncias, revelando una “tendencia interna trascendente” vinculada a “preparar, facilitar, consumar y ocultar el transporte del tóxico”.
Sin embargo, la defensa trata de desmontar esta hipótesis remitiéndose a la declaración testimonial de la propia víctima del altercado, Sixto Ramón Maciel, y planteando serios interrogantes sobre la reconstrucción de los hechos.
Según los defensores Cullen y Petenatti surge del testimonio de Maciel incorporado a la causa, que la reunión en la sede de calle Bavio de la Fundación “Suma de Voluntades” se originó porque Maciel buscaba obtener una cuantiosa obra para construir un comedor- merendero en la zona del Volcadero. En la reunión estaban la titular de la ONG, Anabella Albornoz, y Carlos Pastrana. Rosatelli se presentó en el lugar y le comunicó a la titular que dicha obra no se iba a realizar.
El propio Maciel, que terminó internado y al borde de la muerte, declaró textualmente según los abogados: “No se hizo la obra… entró, llegó Daniel… Y le dijo a ella que no se iba hacer. Ahí quedó todo. Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra, la titular era ella”.
La defensa remarca que la discusión comenzó por motivos económicos y por los términos y modos exigidos por Maciel para la adjudicación de la obra, tratándose de un motivo genuino de disputa profesional y no de una maniobra para proteger un cargamento de drogas. Pero entonces surgen
pregunta hasta ahora sin respuestas: ¿Por qué Rosatelli confrontó a Maciel por una obra de la ONG?, ¿Por qué Rosatelli se enfrentó por una obra y qué desencadenó la violencia?
Los abogados defensores remarcan que la denuncia por estafa radicada por Barbieri ocurrió a las 16 del 12 de noviembre de 2025 y ni siquiera mencionaba a Rosatelli. Resulta impracticable suponer que en solo hora y media Rosatelli se enteró de una denuncia que no lo nombraba, coordinó una reunión con la ONG y fue a golpear a Maciel para que “levantara la denuncia”. Además, destacan que Rosatelli, siendo abogado especialista en derecho penal y oficial de policía, sabía perfectamente que una denuncia por un delito de acción pública como la estafa no se “levanta” por voluntad del denunciante.
Finalmente, la defensa cuestiona la lógica del juez: nadie utilizaría tres meses después, para transportar un cargamento de marihuana valuado en más de 3 millones de dólares, un vehículo de 15 millones de pesos que ya estaba escrachado, denunciado y con pedido de secuestro.
En el tramo final del recurso, la defensa solicitó la revocación de la prisión preventiva por considerar que han desaparecido los riesgos procesales de entorpecimiento. Destacan que la investigación ya no se encuentra en estado primigenio, que los secuestros y pericias telefónicas fueron concretados y que las pruebas testimoniales clave ya fueron producidas.
