Por: Dra. María Elena Romero – Abogada – Diputada Provincial de Juntos por Entre Ríos.
Hablo no solo como diputada de este bloque Juntos por Entre Ríos si no como una entrerriana de San José de Feliciano. Y no lo digo como currículum. Lo digo porque en mi departamento, como en toda la Argentina que no sale en los programas de la tarde, la gente no nos vota para que discutamos entre nosotros. Nos vota para que resolvamos.
Hablo también desde mi propia experiencia. Fui concejal en mi pueblo. Presidí el Foro Provincial de Concejales de Cambiemos Entre Ríos. Y ahí aprendí lo que no se aprende en ningún libro: que cuando los números no cierran en un municipio, no hay relato que pague un sueldo ni que arregle una calle. Los números no escuchan discursos. Los números se ordenan, o explotan.
Y les cuento algo más, porque hace a lo que voy a decir después. Conforme a lo que regula la ley orgánica del Poder Judicial Fui conjuez del Superior Tribunal de Justicia de esta provincia. Me eligió, en su momento, un gobierno peronista por decreto del Gobernador Bordet con acuerdo del Senado que lleva la firma de su entonces presidente la Licenciada María Laura Stratta, cuando yo era la única radical entre dieciocho candidatos seleccionados por currículum de la matrícula del colegio de la abogacía, destaco este hecho que es particular porque entre colegas de distintos partidos políticos no primo la ideología, llevamos adelante la función porque lo que importaba era la tarea, el objetivo, la responsabilidad. Así que también cuando hable de la solidez jurídica de este proyecto, señor presidente, no voy a estar hablando de oído.
Y les hablo, por último, desde mi formación, como profesora para la enseñanza primaria. Por eso entiendo, en carne propia, la angustia de un docente que escucha la palabra “reforma” y piensa en su futuro. Y soy abogada, especializada en Derecho Agrario. Y el campo me enseñó una ley que no tiene excepciones: la tierra que se explota sin mirar el largo plazo rinde una fortuna el primer año, y se muere al quinto. Un sistema previsional al que le decimos “no lo toquemos” corre exactamente el mismo destino. La tranquilidad de hoy, Entierra a la provincia mañana.
Ahora sí. Hablemos de números.
Uno.
Quinientos mil millones de pesos. Repítanlo conmigo, en silencio, porque hay que dimensionarlo: quinientos mil millones de pesos por año es, aproximadamente, lo que el gobierno provincial debe suplementar cada año para sostener la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Es toda la obra pública de un año. Es la factura de luz de toda la provincia, un año entero. Ese es el tamaño real del problema que este recinto tiene la obligación de mirar de frente.
Dos.
1.8%. Esa es la cantidad de trabajadores activos que sostienen, hoy, a cada jubilado de nuestra Caja. 1.8%. No hay bandera política, no hay signo partidario, no hay ideología en el mundo que sostenga esa ecuación en el tiempo. Esto no lo dice un gobierno. Lo dicen los números. Y a los números, señor presidente, no les importa a quién votamos.
¿Y saben qué es lo más incómodo de todo esto? Que, como bien lo explicó el ministro de Hacienda, Fabián Boleas, esta gestión ya viene demostrando resultados sin esta reforma, con orden con prolijidad administrativa, gracias al ordenamiento se pudo evitar el colapso que las proyecciones de lo heredado nos marcaban.
Reconozcámoslo, porque negarlo sería una mezquindad. Pero lo que falta no se arregla con prolijidad. Se necesita una reforma de fondo. Confundir una mejora de gestión con una solución sería no entender el problema. O, peor todavía: entenderlo perfectamente, y elegir mirar para otro costado.
Hablemos del 82% móvil.
Porque acá afuera se instaló una mentira, y hay que decirlo así, sin eufemismos: que esta reforma pone en riesgo el 82% móvil. Es exactamente al revés. El 82% móvil es, junto con la escuela pública y el hospital público, una de las conquistas más grandes que tiene esta provincia. Pero óiganme bien: una conquista que no se financia deja de ser una conquista. Se convierte en un cheque sin fondos. Y los cheques sin fondos, en materia previsional, se pagan siempre con la peor moneda posible: el ajuste no planificado, el atraso, la licuación silenciosa de un sistema que colapsa sin avisar. Esta reforma no toca el 82% móvil.
Lo blinda.
Entre Ríos es una de las trece provincias de la Argentina que no transfirió su Caja a la Nación en los noventa. Y está bien que así haya sido. Pero esa decisión nos dejó una herencia: sostenerla con recursos propios. Y durante veinte años, esa responsabilidad se pateó para adelante, para adelante, para adelante.
Hagamos memoria. Porque este recinto tiene memoria selectiva, y yo vengo a corregirla.
El Gobernador Jorge Busti y el propio gobernador Gustavo Bordet, desde este mismo recinto, en más de una apertura de sesiones, dijo que había que darle sustentabilidad al sistema. Lo dijo con todas las letras. Ocho años de gestión. Y esa reforma que él mismo llamó impostergable, nunca llegó a este recinto.
Y no fue solamente él. Antes, a lo largo de varios períodos al frente de la provincia, el gobernador Jorge Busti también habló de la necesidad de esta reforma. Y tampoco la llevó a cabo.
Se anunció. Gestión tras gestión. Década tras década. Y nunca se concretó. Y no fue solamente el diagnóstico de dos gobernadores: los dos últimos presidentes de la Caja de Jubilaciones, que conocieron esos números por dentro, coincidieron en el diagnóstico.
Y hoy, señor presidente, esas mismas voces que compartían el diagnóstico, salen a decir que esta reforma es lo peor que le puede pasar a los trabajadores entrerrianos.
Yo pregunto, con todo el respeto del mundo: ¿qué cambió?
¿Cambió el diagnóstico?
¿O cambió, simplemente, quién está sentado en el sillón de Urquiza?
Porque si el problema era real hace décadas, y lo era, sigue siendo real hoy. Lo único que cambió es que ahora, en lugar de guardarlo en un cajón, lo estamos llevando a los hechos.
Y ahora quiero hablarles no desde una banca. Quiero hablarles desde mi propia vida.
Yo también soy jubilada.
Me jubilé después de años de trabajo en el municipio, en diferentes reparticiones provinciales y como docente. Y hoy, por ejercer esta banca, tengo mi propio haber suspendido. Así que cuando hablo de un haber jubilatorio, no les hablo desde un informe técnico. Les hablo desde mi propio bolsillo.
Y sé, porque los conozco uno por uno, que buena parte de quienes me votaron son docentes. Son jubilados. Son afiliados a la Federación de Jubilados de esta provincia.
No vengo a votar esto de espaldas a mi gente.
Vengo a votarlo mirándolos a la cara.
Sé lo que van a decir. Que esto es una pérdida de derechos.
Es exactamente lo contrario. Es la única forma de garantizar que esos derechos sigan existiendo dentro de veinte años.
Y lo voy a sostener con la frente en alto. Porque soy oficialista. Porque acompaño a Rogelio Frigerio con convicción hace años, y no por conveniencia.
Y porque, como lo dijo mi propio partido, la Unión Cívica Radical, en un comunicado al que suscribo palabra por palabra: una democracia madura se construye escuchando y debatiendo, no señalando ni descalificando a quien piensa distinto. Nadie tiene el monopolio de la verdad. Y ninguna reforma de fondo puede discutirse bajo presión ni bajo intimidación.
Quiero ser absolutamente clara, porque hay que desarmar una mentira instalada: ningún jubilado de Entre Ríos va a cobrar menos con esta reforma. Ninguno.
Esta reforma corrige distorsiones para que el sistema le siga pagando no solo a quien hoy está jubilado, sino a la maestra de treinta años, al enfermero de treinta y cinco, al empleado judicial de cuarenta, que también van a querer jubilarse en un sistema que siga de pie y no en una promesa que ya no existe.
Y este gobierno no lo hizo solo. Se discutió con gremios, con especialistas, con intendentes, con la oposición. La edad tope bajó de sesenta y ocho a sesenta y cinco para varones y sesenta para mujeres. Se sostuvieron los regímenes especiales para la docencia, la salud, el personal penitenciario, la discapacidad. Esto no es una ley de un plumazo. Es una ley que se escuchó.
Y el propio gobernador Frigerio, sentado con los gremios, dijo algo que pocos gobernantes se animan a decir: que esta reforma no va a hacer desaparecer el déficit, porque eso es técnicamente imposible. Lo que va a hacer es contenerlo. Lo llamó, textualmente, una medida preventiva. Con dos garantías que repito acá porque son sagradas: los derechos adquiridos de los jubilados actuales, intocables. Y para quienes se jubilan pronto, ningún cambio intempestivo.
Por eso él mismo lo definió como lo que es: una política de Estado que trasciende a su propio gobierno.
Entiendo, y lo digo con respeto, que haya gremios que no acompañen. Pero seamos justos con lo que pasó en esas mesas: de cuatro gremios docentes convocados, tres se quedaron trabajando. Y hasta ATE, con su discurso público más duro, se sentó horas a discutir artículo por artículo. La imagen de un rechazo unánime es falsa, y hay que decirlo en este recinto.
Y sumo una voz que no tiene nada que ganar políticamente con este gobierno: la propia CGT, a través de Hugo Retamar, de la CGT Villaguay, y Walter Doronzoro, de la CGT Concordia, calificó de inédito que se la convocara antes de mandar el proyecto, algo que no pasó en ocho años, y advirtió, con sus propias palabras, que si en un par de años no hay reforma, la pregunta de los entrerrianos no va a ser cómo mejorarla. Va a ser directamente cómo nos vamos a jubilar.
Esa advertencia no la inventó este gobierno. La hizo el movimiento obrero.
Y quiero decirlo con todas las letras: no hacer nada también es una decisión. Como bien dijo el ministro Troncoso: no hacer nada no es neutral. Es, en sí mismo, un ajuste. Y de los peores, porque cae sobre el bolsillo de los pasivos de hoy y sobre los ciento veinte mil trabajadores activos que algún día también se van a querer jubilar.
Paralelamente, la provincia sostiene el reclamo ante la Corte Suprema por lo que la Nación le debe a nuestra Caja, reclamo que recién se realizó en esta gestión, cuando la oposición resalta como una de las formas alternativas de ayudar al sistema, pero que llamativamente en su gestión no hicieron lo que correspondía. El presidente de la Caja, Gastón Bagnat, que se puso la camiseta desde el primer día, ya logró llevar la compensación mensual de dos mil a seis mil millones de pesos, mientras se completan las auditorías.
Y quiero decir algo más sobre esto, porque hay que ser justos. Este reclamo, que hoy la propia oposición señala como una de las formas de ayudar al sistema, recién se inició en esta gestión. Nuestro asesor legal y técnico, Esteban Vitor, ya en 2022 le había planteado al entonces gobernador que reclamara esa compensación a la Nación. Hablamos de una cifra que, actualizada, ronda hoy los sesenta y cinco mil millones de pesos.
Y no se hizo.
Así que cuando alguien nos diga que alcanza con esperar ese reclamo, yo pregunto: ¿por qué no lo hicieron cuando gobernaban ustedes?
El reclamo a Nación y esta reforma no son caminos alternativos. Son complementarios. Quien diga que sobra uno de los dos, no está siendo honesto con la gravedad de lo que estamos discutiendo.
Y a quien todavía diga que ya alcanza con la mejora administrativa, le pregunto, mirándolo a los ojos: ¿vamos a legislar para el humor de una gestión, o para la sostenibilidad de las próximas tres décadas?
Porque esta ley, si la votamos hoy, no la va a disfrutar este gobierno. La va a heredar Entre Ríos entera. Gobierne quien gobierne, dentro de diez años, de quince, de veinte.
Por eso, señor presidente, esto no es una ley de un gobierno.
Es una ley para la provincia.
Se necesita coraje político para impulsar una reforma que uno mismo no va a capitalizar.
Ese coraje lo tuvo Rogelio Frigerio. Y quiero reconocérselo, hoy, en este recinto.
No vine aquí a pedirles que dejen de representar a quienes los eligieron. Vine a pedirles que midan esta decisión con la vara correcta. No la vara de lo que es cómodo hoy. La vara de lo que va a hacer posible que, dentro de veinte años, un maestro, un enfermero, un trabajador judicial de esta provincia, se pueda jubilar con la tranquilidad de que el sistema sigue de pie.
Entre Ríos tiene, hoy, la oportunidad de hacer por fin lo que se anunció una y otra vez, y nunca se hizo.
Defender la Caja es garantizar su futuro.
Y defender la democracia es respetar a quienes piensan diferente.
Acompañemos esta reforma con la responsabilidad que la historia, no yo, la historia, nos exige.
Por: Dra. María Elena Romero – Abogada – Diputada Provincial de Juntos por Entre Ríos.
