El gobierno de la provincia promulgó la ley Nº 10859, que establece la separación en origen de los Residuos Sólidos Urbanos que se generen dentro de las dependencias del sector público en el territorio de la Provincia. Había sido presentada por la diputada Carina Ramos.
Comprende a la Administración
Central, Organismos Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, la Honorable
Legislatura de la Provincia, y los organismos dependientes de la misma; y todas
las dependencias donde funcione o que pertenezcan al Poder Judicial. Quedan
igualmente comprendidas las sociedades del Estado provincial, y las sociedades
con participación estatal mayoritaria.
La norma, publicada este viernes en el Boletín Oficial, fija que “los
funcionarios públicos, agentes públicos, y el personal dependiente de los entes
y organismos enumerados en el Artículo 2° deben realizar la separación en
origen y adoptar las medidas necesarias para disminuir la cantidad de residuos
sólidos urbanos que se generen. La separación en origen debe realizarse de
manera tal que los residuos posibles de ser reciclados, reutilizados o
reducidos, queden distribuidos en diferentes recipientes o contenedores, para
su recolección diferenciada y posterior clasificación y procesamiento de
conformidad a la Ley N° 10.311 y a la reglamentación de esta Ley”.
Para cumplimentar las disposiciones se contempla además la utilización de
cartelería informativa.
En su artículo 5°, sobre Deberes de control y gestión, establece que: “El
personal jerárquico con poder de decisión dentro de cada ente u organismo del
que se trate, tiene a su cargo el control de sus dependientes, y la disposición
de medidas y gestiones pertinentes para el cumplimiento de la presente, bajo
apercibimiento de incurrir en falta grave por negligencia u omisión en el
cumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Se prevé además “capacitación obligatoria en la temática ambiental y de
gestión sustentable para todos los sujetos alcanzados por esta Ley”.
