Durante este año desde la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se implementaron medidas tendientes a la erradicación y prevención de la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas como la promoción de los derechos de las víctimas.
En el contexto de pandemia se llevaron a cabo Instancias de formación y capacitación; la promoción de lenguaje no sexista; se otorgó ampliación de competencia a Juzgados de Paz; se trabajó en el protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral del Poder Judicial; se entregaron celulares en comodato para facilitar la aplicación de botón antipánico; se instauró un formulario para realizar denuncias on line y se trabajó en el Observatorio de Ley Micaela. En 2020 en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), que se actualiza en tiempo real, se originaron 11.270 expedientes por causas de violencia contra la mujer y la familia. De ellos, 4.827 corresponden a violencia familiar, 4.479 a violencia contra la mujer mientras que 1.964 son casos penales.
La OGV es una Secretaría del STJ especializada en políticas judiciales en materia de género que articula judicial y extrajudicialmente sobre estos temas para capacitar, proponer medidas de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y la familia, como también fomentar los derechos de las víctimas y trabajar en la identificación de las diferentes situaciones de violencia. En 2020, y en un marco atravesado por el virus COVID-19, se instrumentaron diferentes medidas tendientes a garantizar el acceso a la Justicia de los ciudadanos.
Durante este año y como el resto del Poder Judicial, todo el trabajo regular y propio de cada área de la OVG se adecuó a partir de marzo, dado el contexto de pandemia, a fin de cumplir con los protocolos vigentes dictados por autoridades sanitarias y para proteger a las personas usuarias del servicio de Justicia y a sus trabajadores. La particularidad de que esta oficina cumple funciones para toda la provincia exigió reestructuraciones permanentes a niveles locales conforme las dificultades que se presentaban.
Instancias de formación y capacitación
La OVG, de manera conjunta con el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” del STJ, intervino en propuestas de formación. Así se llevaron a cabo distintos cursos virtuales, entre ellos: “Procesos de Violencia Familiar y contra la mujer en la modalidad doméstica” (setiembre 2020); “Violencia contra la mujer en la modalidad laboral” (octubre 2020) y “Curso para Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Poder Judicial” (octubre a noviembre del 2020). También se organizaron capacitaciones para profesionales de ETIs en notificaciones electrónicas y expedientes electrónicos, dictadas por Ana Clara Pauletti y Valentina Ramirez Amable. Se participó de la Jornada del Fuero de Familia organizada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (noviembre 2020).
Promoción de lenguaje no sexista
Para la tarea de administrar Justicia se redactaron las “Pautas para Juzgar con perspectiva de Género”, aprobadas por Acuerdo General 18/20, Punto 4º) y el documento titulado “Juzgar con perspectiva de género. Algunas categorías guías”.
Ampliación de competencia de Juzgados de Paz
A propuesta de la dirección de la OVG amplió la competencia de los Juzgados de Paz de 2º y 3º categoría de la provincia, por lo que quedaron habilitados para tramitar, disponer y resolver en materia de violencia institucional contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y pública-política contra las mujeres, conforme al artículo 6 de la Ley 26.485 -Modif. por Ley Nº 27501 y Nº 27533.
Violencia laboral: participación en la elaboración del documento
La OVG participó de la Comisión de Violencia Laboral y de la redacción del documento de Política Institucional del Poder Judicial de Entre Ríos en materia de violencia laboral, aprobado por el STJER por Acuerdo General Nº 24/20 del 20-10-20, Punto 1º), el Ministerio Público de la Defensa por resolución Nº104/2020 del 30.10.2020; el Ministerio Público Fiscal por resolución Nº131/2020 del 04.11.2020; la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Entre Ríos por resolución del 04.12.2020; AJER por resolución de fecha 05.12.2020. Trabaja, a su vez, junto a quienes integran la comisión, en la redacción del protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral del Poder Judicial de Entre Ríos.
Celulares en comodato para facilitar la aplicación de botón antipánico Desde el organismo se facilitó a víctimas de violencia la entrega en comodato de equipos celulares propiedad del STJER para los casos en los que no contaran con aparatos con sistema android con la tecnología suficiente para la instalación de la aplicación de Botón de Pánico, que en Paraná la realiza la División 911 y Videovigilancia. Para los casos en que debieron ser remitidos a otra jurisdicción intervino la Comisaría con competencia del lugar. Para realizar la entrega se requiere el pedido del Juzgado, carátula del expediente, medida de implementación de la Aplicación de Botón de Pánico y el plazo.
Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV)
El Registro cuenta con antecedentes que son consultados al recibir una denuncia para la tramitación del proceso de violencia en alguna de las dieciocho jurisdicciones judiciales en Entre Ríos. Es, en síntesis, una base de datos respecto de los procesos judiciales tramitados a partir de los hechos de violencia familiar y contra la mujer y delitos derivados de esas acciones.
También se elaboraron informes estadísticos sobre los distintos tipos de violencia ejercidos especialmente en el período de pandemia (ASPO y DISPO) a fin de comparar su impacto. Además se confeccionaron estadísticas referidas a la implementación de la plantilla de denuncia on line que facilitó el acceso a Justicia de personas víctimas de violencia familiar y contra la mujer a partir del acceso a un formulario en la web del Poder Judicial.
Estas herramientas, al analizar los datos del REJUCAV y de las plantillas de denuncias, posibilitaron detectar la concesión de beneficios de arrestos domiciliarios cuando existían antecedentes de violencia familiar y contra la mujer, en contexto de pandemia, en domicilios donde se habían producido los hechos de violencia. Por ello se sugirió la consulta de antecedentes de REJUCAV previo a concederla, aun cuando la detención no hubiera sido la causa de ellos. La medida apunta a prevenir futuras situaciones de riesgo y fue sugerida por la Sala Penal del STJ a los Juzgados que debían resolver al respecto.
Se desarrolló un usuario de consulta para la Procuración del Juzgado Federal con asiento en Paraná, a efectos de su utilización para la verificación de antecedentes previo al beneficio de arrestos domiciliarios.
Se registraron en REJUCAV un total de 11.270 expedientes iniciados entre el 1 de enero y el 23 de diciembre pasados. De ellos, 4.827 corresponden a expedientes de violencia familiar (Ley 9198), 4.479 a violencia contra la mujer (Ley 10058/26485) y 1.964 penales.
Denuncias on line
Al inicio de la cuarentena y ante la necesidad de garantizar la accesibilidad de las víctimas de violencia al sistema de Justicia se desarrolló el formulario de denuncias on line, ubicado de modo muy visible en la página web del Poder Judicial. Se recepcionaron denuncias de violencia contra la mujer y familiar durante las 24 horas y, todos los días de la semana, remitiéndose a los correspondientes Juzgados de la provincia para su trámite.
Coordinación de equipos interdisciplinarios
La directora de la OVG es también coordinadora de Equipos Técnicos interdisciplinarios que integran el Poder Judicial, lo que permite contribuir a las intervenciones con perspectiva de género en diferentes espacios.
Durante este año se trabajó con los 18 equipos de profesionales del Poder Judicial provincial, integrado por 103 personas, para asegurar la prestación de servicio en el difícil contexto de pandemia. Mediante teleasistencia se mantuvo la tarea, aún en el aislamiento preventivo, adecuándola permanentemente en cada jurisdicción y garantizándola en los diversos estadios de circulación del virus. Se acordaron criterios de intervención con la magistratura y ministerios, en búsqueda de las mejores estrategias para dar cumplimiento a las etapas procesales en cada caso judicializado.
Se coordinaron intervenciones con la Policía para contactar y entrevistar a las personas justiciables y para garantizar el uso de dispositivos con aplicaciones de botón de pánico y sistema dual. Se incorporaron profesionales para completar plantas de ETIs en casos de vacancia y se trabajó en abordajes y conflictos en diferentes jurisdicciones, teniendo en cuenta las cuantías en las tareas y disponibilidades personales y de salud de cada integrante.
Observatorio de Ley Micaela
El Poder Judicial se sumó al Observatorio con la participación de la OVG, aportando en la elaboración la reglamentación de su funcionamiento. Se trabajó en la evaluación de las capacitaciones propuestas por otros organismos del Estado y se colaboró en el dictado de algunas de ellas.
Firma de convenios
A través de la OVG, y en la tarea de transversalización de la perspectiva de género, se auspició la celebración de convenios con diferentes organismos de la provincia y el STJER, los que alcanzan a concretarse regularmente. En ese marco se celebraron convenios con la Vicegobernación de la provincia, con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y con el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos. También con el municipio de Cerrito y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Trabajo articulado con otros poderes del Estado: Secretaría de Justicia, COPREV y 911
La OVG trabajó articuladamente con la Secretaria de Justicia, el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (COPREV) y el 911. Las políticas llevadas a cabo con estos organismos hicieron efectiva la transversalidad de la Ley de Protección a la Mujer en cuanto al compromiso real de los poderes del Estado en garantizarles el acceso a Justicia y la implementación de diversas medidas de prevención, capacitación y asesoramiento sobre las diferentes formas de violencias.
Las Universidades cooperan en la erradicación de las violencias
Con la Facultad de Trabajo Social de la UNER se diseñó la Acción de Extensión #Mequedoencasa #Sinviolencia, mediante la cual se promovió durante tres meses la difusión de la implementación de la planilla de denuncias on line, con campañas de prevención y abordaje de las violencias, a través de videos explicativos y otras herramientas todas relativas al derecho a una vida libre de violencias.
Con la UNER y con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) la OVG mantuvo encuentros para debatir la aplicación de Protocolos de Prevención y abordajes de las violencias.
Campañas como acción de prevención
La OVG, desde sus competencias y a partir del trabajo coordinado con otras áreas, diseñó y aplicó políticas de prevención mediante difusión por distintos medios (gráficos, audiovisuales y también artísticos), a fin de dar a conocer las herramientas para identificar o identificarse en situaciones de violencia como para hacer conocer aún más los derechos de las víctimas de violencia familiar y contra la mujer.
Se realizaron articulaciones en contexto de pandemia para facilitar el ingreso a refugios a mujeres en situación de violencia, dando cumplimiento así a protocolos sanitarios vigentes.
