En el caso de la telefonía móvil tendrá un precio de $150 bajo el sistema prepago, mientras que en la telefonía fija será de $380 por mes. La prestación se implementará desde el 1 de enero.
El Gobierno nacional anunció la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y tv por suscripción con un precio a partir de $150, al tiempo que aprobó incrementos de hasta el 8% para el resto del universo de los usuarios.
El objetivo es «favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos», remarcó esta tarde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en un encuentro en el que estuvo acompañado por la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini.
Los planes que integran la prestación básica universal y obligatoria, son una «inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales», subrayó el jefe de Gabinete.
La prestación tiene el carácter de «obligatoria» porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma, según especifica la resolución 1467 del Enacom.
– Jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.
– Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.
– Beneficiaros de pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.
– Los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.
– Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.
– Personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.
– Clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.
Los objetivos
La reglamentación de la Prestación Básica Universal obligatoria (PBU) es una «inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales», afirmaron desde Jefatura de Gabinete.
Para el gobierno nacional, esta medida se inscribe en una «política inclusiva con eje en la incorporación de la reglamentación asimétrica del DNU 690/20, reclamada por PyMEs y cooperativas y planteada por el presidente Alberto Fernández; la implementación del Fondo de Servicio Universal al servicio de la conectividad de barrios populares, zonas rurales y semi-rurales y la plena marcha del Plan Conectar; y la formalización del Reglamento de Compartición de Infraestructuras Pasivas, que habilita marcos de competencia en un sector cuyas redes e infraestructuras son esenciales para la producción, el trabajo y la vida cotidiana».
Los fundamentos de la iniciativa
Una muestra de la esencialidad de los servicios de internet y comunicaciones la constituyen más de 2 millones de menores que viven en los 4.416 barrios populares del país que no pudieron sostener en el año una conexión frecuente y necesaria con sus docentes, subrayaron desde la Jefatura de Gabinete.
La pandemia reveló la brecha digital al exponer las diferentes posibilidades de seguir teniendo clases entre quienes tienen acceso en su casa a la computadora y quienes dependen del centro comunitario.
Como sostienen las organizaciones barriales «no tener internet implica una situación de inequidad» porque las familias requieren de acceso para inscribirse en la Anses en planes como lo fue el IFE o en la AFIP para registrarse como monotributista o para certificar que el empleador haga los aportes mensualmente.
En un contacto que mantuvo con la prensa en Casa de Gobierno, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, precisó que «la salida del descongelamiento de los precios será con aumentos de hasta el 5% para todos» los servicios prestados a quienes no requieren del plan básico universal y obligatorio.
Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom, agregó que «las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1 de enero».
Estos incrementos están plasmados en la resolución 1466 del Enacom, a la que tuvo acceso Tèlam y que en sus considerandos entiende «prudente» admitir «excepcionalmente» que las empresas cuenten con un plazo de diez días para comunicar los incrementos a implementar dentro del tope autorizado.
Desde el sector privado y desde las firmas pymes dijeron a Télam que los aumentos del 5 y 8% para los servicios que se presten por fuera del plan básico universal y obligatorio de internet, telefonía fija y móvil y tv paga, «no son suficientes».
Estos aumentos corresponden a los servicios que se presten por encima de los previstos en la tarifa social o plan básico universal y obligatorio.
Desde las grandes empresas así como desde las pymes que operan especialmente en el rubro de internet fija, coincidieron en señalar que el incremento «no alcanza» para poder «reponerse de la inflación del 30% de este año».
«Si los ingresos de las empresas no pueden acompañar la inflación, nos dejan sin dinero para invertir, en una industria que si no invierte no funciona», enfatizaron.
