“Lo importante de las leyes es que tengan los mejores y mayores consensos” expresó la diputada Ayelén Acosta, autora del proyecto de ley que implementa el teletrabajo en la administración pública provincial. La iniciativa tendrá tratamiento conjunto en las comisiones de Trabajo y de Educación, ciencia y tecnología.
Esta semana comenzó a analizarse el proyecto de ley de la diputada del PRO Ayelén Acosta, por el que se implementa el teletrabajo en el ámbito de la administración pública de la provincia, como una modalidad laboral alternativa para sus agentes, a través de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.
La legisladora es autora además de otro proyecto de ley para promover y difundir el teletrabajo en el ámbito laboral privado como “un instrumento para la generación y el mantenimiento de empleo, en cualquiera de sus formas”.
Ambas iniciativas fueron ingresadas en el mes de octubre y en el ámbito privado, tal como señaló la diputada, la Legislatura solo puede promover, instar a su desarrollo. “Es para ayudar a fomentar e incentivar el teletrabajo en el sector privado”, comentó a esta Hoja.
Acosta explicó que el lunes comenzó el análisis en la comisión de Trabajo, pero “como fue girado también a otra comisión decidimos tratarlo en conjunto”, explicó a EL DIARIO. Agregó que “la idea es convocar a gremios” porque “lo importante de las leyes es que tengan los mejores y mayores consensos”.
TELETRABAJO
El proyecto lo define como “la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, que sea efectuada, total, o parcialmente, en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnologías de la información y comunicación”. Prevé que el gobierno adopte las medidas necesarias para permitir que los agentes de la administración pública, de acuerdo a las necesidades del Estado provincial, tengan acceso a la modalidad de teletrabajo, y para brindar las capacitaciones profesionales necesarias para la implementación de los sistemas de teletrabajo.
Expresa además que los agentes que trabajen bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial, y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial.
Por otra parte, indica que tendrán derecho a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias. También, que el Estado provincial no podrá exigir al teletrabajador la realización de tareas sin compensación, por ningún medio, fuera de la jornada laboral, y el empleado no podrá ser sancionado por hacer uso de este derecho.
Uno de los artículos indica que el Estado Provincial deberá abonar las horas extras trabajadas, siempre que las mismas sean previa y expresamente aprobadas de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
De acuerdo al texto del proyecto, el agente público que acepte ser trasladado desde la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo caso de fuerza mayor, deberá prestar su consentimiento por escrito, el cual podrá ser revocado en cualquier momento, de acuerdo a la reglamentación.
El Estado además, debe proporcionar a los empleados el equipamiento –hardware y software–, las herramientas de trabajo y el soporte técnico necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la respectiva reglamentación. Por su parte, el trabajador es responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo provistas por el Estado provincial, y deberá procurar que estos no sean utilizados por personas ajenas a la relación de trabajo. Advierte que “en ningún caso responderá por el desgaste
normal producto del uso o el paso del tiempo”.
RESISTENCIA
UPCN directamente hizo público el rechazo a la iniciativa en tanto que ATE adelantó que podría sumarse al debate sobre el tema. “Escuché que había resistencia desde los gremios porque creen que abriría la puerta a una mayor jornada laboral y una mayor extracción de plusvalía. Pero esto no es así por lo menos en mi proyecto”, respondió la diputada a EL DIARIO. Acosta afirmó que “justamente lo que hace es regular las condiciones que hoy muchos sectores ya padecen y no se tienen en cuenta; habla de pago de horas extras en caso de mayor jornada, y sobre todo no es obligatorio sino que tiene que tener el consentimiento del empleado. Sería una opción que puede ofrecer el Estado y tomar el empleado cuando por distintas razones esté imposibilitado de asistir a su lugar de trabajo”, fundamentó.
Sobre las posibilidades que tiene el Estado entrerriano de establecer esta modalidad de empleo, Acosta sostuvo que “el Estado debe ir generando las condiciones para avanzar en este sentido.
“De hecho –mencionó- el Ejecutivo mandó un proyecto sobre trámites digitales, firmas digitales, etc. Debemos ir en camino a la despapelización”, remarcó.
La legisladora del bloque Cambiemos apuntó que “de hecho hoy el teletrabajo existe. Este año existió durante toda la pandemia, lo que no hay es una regulación de cómo debe ser”, diferenció.
Al argumentar las iniciativas de las que es autora, señaló que “en el gobierno de Mauricio Macri si hay algo en lo que la gestión hizo un gran avance es justamente en todos los trámites digitales. Permitió que muchos pudieran hacer gestiones desde su casa, además de generar una mayor transparencia en la gestión con una modalidad que disminuye la congestión en las grandes ciudades en horarios picos”.
En otro orden y con relación a las inquietudes de los gremios, insistió: “La modalidad de teletrabajo que planteo no es obligatoria sino que tiene que tener el consentimiento de ambos: Estado y empleado”. Rescató que “en el proyecto hablamos de capacitación y formación como así también de asistir al empleado para que pueda tener conectividad”.
Tras destacar favorablemente distintos aspectos del proyecto, concluyó que “si los gremios están en contra es porque no hemos tenido la posibilidad de charlar y que conozcan el contenido. Todo lo que leí que (los gremios) están en contra, está previsto en el proyecto”.
UPCN, en contra
UPCN ratificó la posición en contra del proyecto de ley sobre teletrabajo “ya que creemos que puede perjudicar a los trabajadores”.
Argumentó que “en principio, y sin profundizar la discusión de fondo (y no porque no exista), creemos que el ámbito presencial de trabajo es fundamental para el desarrollo de la organización colectiva y el trabajo a distancia, en la virtualidad, alimenta el individualismo. Además, no podemos ignorar el nivel de precarización y flexibilización que hace tiempo nos preocupa y ocupa en el ámbito de la administración pública, que creemos se puede profundizar”. Agregó que esas afirmaciones “no se basan en simples especulaciones sino en la observación del desarrollo de la modalidad en los otros ámbitos en los que ha sido implementada”.
Por otro lado, mencionaron que “las condiciones materiales para afrontar este proceso no están dadas y el trabajador va a terminar cubriendo de su bolsillo buena parte de los gastos de conectividad originados. En este sentido observamos que si no se pudo garantizar en el sector docente, difícilmente se logre en el resto de la administración para realizar teletrabajo”.
“Este proyecto resulta oportunista y sorpresivo, y de fondo lo que se busca es plantear que hay tareas que se pueden hacer fuera del ámbito presencial”, destacó la secretaria Gremial Carina Domínguez, que advirtió que “la administración de los bienes públicos no se rige por los mismos parámetros de lo privado y la tarea de servicio a la comunidad está estrechamente ligada al encuentro cara a cara”.
La dirigente aclaró que la posición que sostiene esa organización “no implica que la tecnología no pueda ser incorporada como herramienta de mejora de las condiciones laborales, pero hay que analizarla con cuidado y las decisiones no se pueden tomar sin la participación de los trabajadores. Los gremios no hemos sido convocados en este sentido”.
Por otro lado, consideró que “el Poder Ejecutivo no apoyaría la iniciativa, ya que así lo ha manifestado, al menos a través de las secretarías de Gobierno y Modernización”.
Admitió que puede tomarse como una forma de organización “excepcional” pero no “un cambio permanente” y finalmente plantea dudas respecto de la participación de los distintos aspectos en los convenios colectivos.
FUENTE: El Diario
