Organizaciones ambientales, profesionales en la materia y vecinos autoconvocados fueron convocados por la Comisión de Salud, la de Ambiente y la de Producción del Senado con el fin de analizar el proyecto de ley que regula el uso de agroquímicos. Afirmaron que el proyecto “adolece de fundamentaciones científicas”, “peca de inconstitucional” y que “las buenas prácticas no existen”. También pusieron el foco en las distancias: “Son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren”.
Este martes tuvo lugar una nueva reunión conjunta de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Producción para continuar con el análisis del “Proyecto de Ley de buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”.
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara de Senadores, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia.
Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Los ambientalistas enviaron días atrás una nota a las autoridades de comisión (nota que contó con la adhesión de más de 500 firmas) solicitando que un listado de 22 especialistas tenga la posibilidad de expresar su postura ante los senadores.
De ellos tomaron la palabra los siguientes especialistas y vecinos:
El doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich.
La abogada, Magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia.
El médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi-
La periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar.
Nicolás Indelángelo, ingeniero agrícola agroecológico.
Nadia Burgos. Ecosocialista Roja
Ximena Rosso, representantes de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo
Cynthia Arellano, representante de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo.
Facundo Scattone Moulins, Brote Ecológico de Concordia.
María Cristina Tejedor, miembro de la Ronda de los Martes de Concepción del Uruguay y Encuentro Ambiental Uruguayense.
Emilio Vitale, Cordinadora Basta es Basta de Gualeguaychú.
“La casta del campo”
En representación del MST en el FIT- Unidad y la Red Ecosocialista estuvo presente la dirigente Nadia Burgos
Señaló que el rechazo al proyecto “no es un caprichoso, sino que es producto de años de lucha contra un modelo agotado y cuyas consecuencias sufrimos el 99% de la población y los territorios que habitamos”.
Luego puso sobre la mesa una serie de datos de los pueblos fumigados: “Una es la curva de crecimiento del uso de agrotóxicos en nuestro país, que desde 1990 aumentó un 1400 %”.
“Con la soja como una de las producciones de mayor salto en estos años y que hoy ocupa el 60% de la tierra cultivada del país, este modelo empuja el desmonte volviéndonos uno de los 10 países con más deforestación del mundo”, advirtió Burgos.
“Los resultados de un modelo productivo que decían iba alimentar el mundo muestran que el 25% de la población sufre inseguridad alimentaria o, como sucede en nuestro país, el 50% de la niñez está bajo la línea de pobreza”.
Luego aseveró que “esta ley legaliza un modelo productivo que tiene como una de las principales consecuencias en nuestra provincia la concentración de tierras. Hay 190 firmas que controlan más del 25% de la tierra cultivada. Son 524.775 hectáreas que representan el 42% de tierra trabajada por nuevos actores, megaempresas no entrerrianas, pooles locales y grandes propietarios que también generan una concentración productiva, desplazando del campo a familias enteras mediante la concentración y monopolio de la tecnología y fuerza productiva”.
“Este modelo productivo bajo el imperativo de la ganancia que disloca la producción de las necesidades sociales no va más. En términos económicos es necesario reconocer que no existe producción que dé ganancias en el agronegocio sin fuertes estímulos económicos por parte de los gobiernos. La casta del campo, que son los planeros vip de los que nadie quiere hablar, a quienes le declaran la emergencia por sequía, por inundaciones, a quienes le bajan los aranceles de los agrotóxicos, etc. Y esto es así porque el paquete tecnológico es cada vez más caro, en dólares, y porque la dinámica de producción de commodities está atada a una demanda no natural, la del mercado, que todos sabemos no se regula solo”.
“La crisis capitalista actual no es solo económica, es sistémica y está impulsada por factores propios de este sistema en decadencia, no hay rindes en el campo porque bajo el consumo, porque las consecuencias ambientales ya están presentes, los suelos se agotan, las lluvias. son escasas, las ganancias no son las que esperan y así se multiplican proyectos como el RIGI y el RINI con exenciones impositivas, aduaneras, o pedidos como el de los productores de megagranjas porcinas que pegan el grito. en el cielo pidiendo subsidios a la luz, a su producción para que la ‘competencia sea leal’ frente a otras producción altamente subsidiadas”, agregó el dirigente de izquierda.
“Estos proyectos de ley avalan ese modelo y además lo hacen apelando a garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que Contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible. Son CÍNICOS: ¿no inocuidad en la utilización de productos tóxicos?, no hay equilibrio en la utilización de venenos, no pueden declarar de interés público la legalización estatal de este modelo productivo”.
“No queremos más engaños, porque sabemos que esta ley no es nueva, ni aggiornada, ni moderna. Es un intento fallido que insiste, ya frenamos en el 2014 el mamarracho de Arletaz y Cresto, nos manifestamos en una audiencia pública e hicimos caer en el 2017 el texto bochornoso de Giano y Torres. Y también cuando ingresó a la cámara de diputados en 2022 esta ley de Bordet la rechazamos. Nos toca una vez más expresar desde la lucha un rechazo, un rechazo que abre un poquito más el camino para que una transición a otro modelo productivo sea posible, porque con estas instancias cada vez más personas se entran que lo nuestro no es el fundamentalismo del NO. Que el fundamentalismo del NO lo tiene el agronegocio de las corporaciones, que hace lobby para que esta ley se concrete e imposibilitar otras formas de producción. Nosotros luchamos por un modelo productivo de y para las poblaciones, donde se decide democráticamente qué y cómo se produce. Que se produce al servicio de las mayorías sociales y el ambiente”.
“Para terminar queremos expresar una vez más que las únicas buenas prácticas son agrícolas sin venenos y es con agricultura con agricultores”, finalizó.
“Hallaron glifosato en la orina de las personas”
Otro de los que tomó la palabra fue el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich.
El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices, y en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo.
Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo, y en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en la orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”.
El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación aumenta el riesgo.
“Las buenas prácticas no existen”
Luego fue el turno de la abogada, Magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, el profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones.
“Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumera que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos.
“Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distinto de donde se tiró”, por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó.
Más hizo adelante destacó en los 2.334 principios activos y 6.480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas y rever el modelo de producción”.
“El proyecto adolescente de fundamentaciones científicas”
Luego y por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores.
Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, y tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población.
Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deben tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia.
Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de aliviar que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro.
Por último, pidió una ley en función de la salud y la vida de la población.
Las distancias están alejadas de lo que marca la ciencia.
También por pantalla se hizo presente a la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró.
En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños”, manifestó, y denunció que en Argentina se aplican fitosanitarios prohibidos de más de 40 países del mundo y no se monitorean.
Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.
El proyecto “tiene fuerte arraigo en lo comercial”
Por su parte, Nicolás Indelángelo, ingeniero agrícola, se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones, pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”.
El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo la presencia de Múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”.
El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.
La voz de los vecinos
En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” y señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”.
“Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.
En el mismo sentido, Facundo Scattone Moulins desde Concordia por videoconferencia, manifestó el rechazo al proyecto y al modelo de producción y pidió avanzar en un proyecto con base sólida en la salud.
El ambientalista hizo hincapié en que no hay consenso sobre el proyecto de ley, el que fue hecho a su entender por la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas.
Desde Concepción del Uruguay, también por pantalla, María Cristina Tejedor miembro de la Ronda de los Martes y Encuentro Ambiental Uruguayense, habló de lobby en el proyecto de ley.
Señaló que el texto “es como una trampa para institucionalizar a las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)”.
Como muchos de los expositores que la precedieron en la palabra, también cuestionaron las cortas distancias contempladas en las aplicaciones.
Por último, desde Gualeguaychú, Emilio Vitale, referente de una organización ambientalista, entendió que el proyecto de ley “no contempla controles ambientales ni durante ni después de las aplicaciones” por lo que no se puede certificar la buena práctica agropecuaria.
Por videoconferencia abogó por informar los expedientes en materia ambiental, utilizar mayor tecnología para evaluar impactos, e impulsar el menor uso de los productos fitosanitarios apuntando a los beneficios de la agroecología.
