La Ley que la Legislatura provincial aprobó por unanimidad este año que multiplicó el valor del jurista, que es la medida por la cual se fijan los montos que deben cobrar los abogados en sus diferentes litigios, provocó un aumento exponencial del dinero que el Iosper debe pagar a los letrados que presentan amparos de salud. ANÁLISIS accedió a la lista de los abogados que este año han facturado un total de 107.517.873,31 pesos en 132 amparos.
Para tener una idea del impacto en las arcas de la obra social provincial que implicó la mencionada Ley, antes de la misma, cuando el jurista tenía un valor fijo 9.800 pesos, el Iosper abonó 34.146.674,97 pesos por 74 amparos, y luego, con la Ley de movilidad de 1,5%, debió pagar 71.371.162,34 pesos por 34 recursos.
Cabe mencionar que, según las consultas realizadas a distintos letrados, realizar un amparo no es un trabajo que demande semanas de análisis y redacción del recurso. Es más, quienes tienen la práctica habitual de hacerlos porque se especializan en esta materia, utilizan modelos que ya tienen redactados porque en general los fundamentos de cada reclamo son los mismos.
En la lista de abogados aparecen algunos que este año facturaron varios millones de pesos, otros que tienen un doble rol de aportantes y demandantes al Iosper, un funcionario de Educación, entre otras curiosidades.
El profesional que más cobró del Iosper este año fue Alejandro Luna, quien antes de la modificación de la Ley presentó 11 amparos por los que ganó 6.742.120 pesos y luego seis amparos por los que cobró 8.432.700,15 pesos. En total fueron 17 amparos por los cuales facturó al Iosper 15.174.820,15 pesos.
Le sigue Emanuel Almirón, quien en total presentó 10 amparos y ganó 9.098.240,47 pesos (seis amparos antes de la nueva Ley por 2.824.408,41 pesos, y luego cuatro amparos por 6.273.832,06 pesos).
Nicolás Arias Gambaro es un abogado “especialista en amparos de salud”, según su presentación, y presentó seis amparos por los que ganó 3.243.442,41 con el valor anterior del jurista, y cuatro amparos con la actualización por los que el Iosper le pagó 5.226.414,89 pesos. En total fueron 10 amparos por 8.469.857,30 pesos.
En cuarto lugar, se ubica Joaquín Gareis, un abogado excandidato a intendente de Oro Verde de Juntos por Entre Ríos, quien por muy poco no accedió a la intendencia de la ciudad universitaria. Recientemente fue designado en el cargo de asesor legal y técnico del Consejo General de Educación, por lo que depende directamente de la presidenta del organismo, Alicia Fregonese. Incluso, el letrado ha participado de las audiencias de conciliación entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes en el marco del conflicto salarial.
Gareis presentó tres amparos en los que ganó 1.653.200 pesos antes de la nueva Ley, y luego de la misma presentó otros cuatro recursos por los que le pagaron por 5.602.715,6 pesos. En total, en funcionario se lazó con 7.255.915,60 pesos por siete amparos.
A estos les sigue María Belén Cuscueta, quien cobró en total por siete amparos 6.341.969,80 pesos (205.000 pesos por uno antes de la Ley y luego 6 amparos donde ganó 6.136.969,80 pesos). Fue precandidata a concejala en la lista de Jorge Izaguirre y Georgina Alem el año pasado e integró el Colegio de la Abogacía de la provincia.
En el rango de los 3 millones aparecen Lucrecia López (767.183,50 pesos por cuatro amparos), Ramiro Pereira (expresidente de la UCR de Paraná) (3.103.906,80 de pesos por cuatro amparos), Matías Lorenzini (quien trabaja en el mismo estudio de Gambaro, ganó 3.037.564,32 pesos por tres amparos) y Cristian Ermácora (dos amparos ya con la nueva Ley por 3.019.569,45 pesos).
Por otra parte, se observan personas que tienen o han tenido algún tipo de relación con el Estado. La abogada Silvina Furno es esposa de Adolfo Gustavo Facello, integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia, y ganó 954.602,80 pesos en un amparo presentado luego de la modificación del valor del jus.
También aparece en la lista Carlos Holzheuer, exconcejal de Crespo, quien ganó 1.036.473 pesos por un amparo.
