A fin de que todos los medios de comunicación y cuidadanía tengan el mismo y oportuno nivel de información, junto con nuestros abogados hemos decidido expresar lo siguiente, conscientes de que una desaparición como la de nuestro padre en Entre Ríos o la del niño Loan Peña en Corrientes, generan un estado de inusitada conmoción nacional debido a la enormísima gravedad del hecho, acaso de los más siniestros y repudiables de la humanidad.
Que, en caso de seguirse produciendo contradicciones e inconsistencias en las declaraciones del personal policial que revista en la Brigada de Abigeato, solicitaremos el inmediato apartamiento de la fuerza policial de E. Ríos y, en su lugar, postularenos que se le delegue la investigación a la Gendarmería Nacional. Destacamos la labor, el empeño y profesionalismo del Fiscal Mauro Quirolo, que lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por la desaparición de don Enrique Fabiani desde el día 4/06, es decir, hace ya 34 días, sin tener novedades al respecto.
Con esto, en modo alguno estamos denostando a la fuerza policial entrerriana como institución, porque ello sería, además de imprudente, demasiado genérico e injusto.
De todos modos, dicho ello, sí haremos con nuestros abogados, todo lo que esté a nuestro alcance, para que la investigación no se desvié un ápice de los objetivos trazados a partir de las hipótesis delictivas que surgen como posibles, probables y lógicas y que ello sea funcional a la impunidad.
Entendemos, dicho con sincero respeto, pero con honestidad intelectual y auténtica franqueza, que la existencia de insalvables contradicciones e inconsistencias en ciertas manifestaciones y actitudes de algunos funcionarios policiales que prestan servicios en la Brigada de Abigeato, dan pábulo y nos habilitan a tener sospechas de ciertos funcionarios policiales, máxime cuando a nadie escapa – y abundan luctuosos ejemplos de ello- que cuando una persona desaparece de la faz de la tierra sin que sea hallado ningún rastro de la misma, se puede inferir con lógica y razonabilidad plausibles, que quienes han contribuido a esa “desaparición” son personas que cuentan con suficiente poder, profesionalismo y logística como para lograr impunidad ante un hecho tan bestial, inhumano y perverso, como lo es la DESAPARICION DE PERSONAS, conducta humana que ha dado lugar a que se sancione en nuestro país la figura de la “desaparición forzada de personas”, habilitándose ante ello, la posibilidad y el derecho de solicitar al servicio de justicia actuante, el cambio de fuerza de seguridad en la investigación, de tal suerte de garantizar la efectividad, objetividad y transparencia en la pesquisa. Todo ello está legislado en Ley 26.679, que introduce el art. 142 ter y 194 bis del Código Penal Argentino.
Desde ya que, en unos días más, de mantenerse este estado de absoluta perplejidad y angustia provocadas por la inexistencia de certeza relativa a la suerte que corrió la vida de Enrique Fabiani, nuestros letrados solicitarán que la pesquisa continúe bajo los lineamientos de los artículos aludidos de nuestro catalágo represivo.
Estamos convencidos de que ya no podemos seguir buscando a una persona simplemente extraviada, sino que se trata de alguien que muy probablemente fue privado antes de su libertad y luego ejecutado o ejecutado por error, pero su cuerpo desaparecido con el subalterno y miserable objetivo de asegurar impunidad para su autor o autores y de quienes por acción u omisión se ubican en el rol de cómplices por encubrimiento.
Los familiares y seres queridos de Enrique Fabiani tenenos el humano, constitucional y convencional derecho de saber con absoluta certeza qué fue lo que realmente ocurrió con él y quién o quiénes tienen responsabilidad penal en ello y que los mismos reciban las penas que merecen en relación a tan excecrable hecho.
No buscamos venganza, por formación y convicción, sino simplemente VERDAD y JUSTICIA, en un plazo razonable, que permita transitar todo el proceso de duelo, tan necesario para recuperar la paz espiritual y la confianza plena en nuestras instituciones republicanas.
Germán, María Inés y Melisa Fabiani. Dres. Rubén Pagliotto y Eduardo Vugner, letrados representantes de la querella particular.
Santa Clara de Buena Vista, 8 de julio de 2024.
