El aumento del 5% es a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021, así lo establece el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso. Se trata de la suba que regirá en diciembre, enero y febrero.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto definitivo
de movilidad previsional. Y el texto incluye una sorpresa. El Gobierno tiene previsto
descontarles a los jubilados, a la hora de dar un aumento a los haberes en
marzo de 2021, el 5% que se otorgará el mes próximo según lo que se anunció y se dispuso por el decreto
899, publicado el miércoles último en el Boletín Oficial. De esta manera, el incremento del último mes
de este año no será en realidad más que un anticipo de las recomposiciones a
otorgar en 2021 y no una suba genuina previa a la implementación de una nueva
modalidad de cálculo de las actualizaciones.
Eso surge del texto del proyecto de ley, que difundió el diputado Marcelo Casaretto (Frente de
Todos-Entre Ríos), presidente de la Comisión Mixta que tuvo la tarea de
analizar el tema. En la nueva versión de la iniciativa se incluyó un artículo,
bajo el título de «disposiciones complementarias y transitorias», que
indica que «el coeficiente por movilidad previsto en el artículo 1° de la
presente ley que se determine para el mes de marzo de 2021, estará dado por el
resultante diferencial entre el porcentual que arroje la aplicación de la fórmula que
se aprueba para el incremento y el correspondiente a diciembre de 2020 que dispuso
el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N°
27.541″.
La fórmula que el Poder Ejecutivo busca que apruebe el
Congreso está basada en la variación de la recaudación de recursos tributarios que
se destinan a la Anses dividida por la cantidad de beneficios y en la evolución
de los salarios formales según el índice Ripte. Para determinar el porcentaje del mes de marzo se
considerará lo ocurrido con las variables en el segundo semestre de este año.
Pero en el caso de 2021 y de aprobarse la cláusula mencionada, al resultado que
arroje el cálculo se le descontará el aumento de diciembre próximo. Y luego,
para determinar la recomposición de septiembre (habrá dos en todo el año) se
aplicará un tope, por el cual la suma de los aumentos de marzo y de septiembre
no podrá superar a la variación, incrementada en un 3%, que haya tenido en un
período de doce meses la recaudación de recursos totales de la Anses.
Fuentes del Gobierno señalaron a La Nación que el descuento previsto del
porcentaje que se otorgará en diciembre responde a que la nueva fórmula será
semestral y, por tanto, «en marzo se actualizarán los haberes por el período de octubre de
2020 a marzo de 2021». Así, según la explicación, se está considerando que
«lo correspondiente al cuarto trimestre de este año ya habrá sido
pagado». Por lo tanto, puntualizaron las fuentes, «ese aumento de
diciembre va a cuenta de lo que será el de marzo».
Desde la Anses en particular, justificaron la cláusula al
explicar que, como se pasará de una actualización trimestral a una semestral,
se dará una «superposición de períodos» a compensar. Por eso,
señalaron en el organismo, «el proyecto de ley establece que el aumento
trimestral otorgado en diciembre sea considerado dentro del cálculo semestral
que se realizará para el mes de marzo de 2021». Y afirmaron que cuando se
pasó de una fórmula semestral a una trimestral -eso ocurrió con el cambio legal
impulsado por Cambiemos a fines de 2017- hubo un trimestre que no quedó
compensado, porque no hubo un empalme entre ambos mecanismos.
«En esta oportunidad, el gobierno nacional decidió realizar en diciembre un adelanto del aumento
que debería hacerse recién en el mes de marzo», sostuvieron desde la Anses. Sin embargo, cuando se
anunció el 5% para el mes de diciembre se lo comunicó como una suba más para
este año; nunca se aclaró que luego sería descontado. Además, la primera versión del proyecto de ley que hizo el
Poder Ejecutivo tampoco incluía esa disposición.
El proyecto oficial de cambios al sistema jubilatorio fue anunciado en la noche del 9 de noviembre mediante un comunicado del Ministerio de Economía, horas antes de que comenzara una visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional al país. Días después, en una reunión de la ya mencionada comisión, en la que expuso la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, los legisladores del oficialismo aprobaron un dictamen (sin modificar nada de la iniciativa llegada desde Economía) y le enviaron el texto al Poder Ejecutivo, que ahora les remitió a los legisladores la versión definitiva de lo que quiere que se apruebe en los próximos días.
Al suspender la aplicación de la fórmula aprobada a fines de 2017, el artículo 55 de la ley de emergencia económica le dio facultades al Poder Ejecutivo para disponer subas trimestrales por decreto por un plazo de 180 días. Luego, cuando por un decreto de necesidad y urgencia se prorrogó la vigencia de esa suspensión hasta el 31 de diciembre, el texto volvió a referirse a esa atribución dada al presidente Alberto Fernández, pero se quitó de la redacción la palabra «trimestral» y no se incluyó ninguna referencia a la frecuencia con que debían darse las recomposiciones a los haberes.
Pocos días atrás, un fallo de la Cámara Federal de Paraná declaró para un caso en particular la inconstitucionalidad de los decretos con los que se dieron las subas de marzo y de junio de este año, por haberse otorgado porcentajes de subas inferiores a los que correspondían por la movilidad suspendida. La sentencia de los jueces Mateo Busaniche y Beatriz Estela Aranguren, dictada en el marco de la causa «Cabrera, Roque Agapito c/ Anses sobre reajustes varios», también sostiene que resulta inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia con el cual se prorrogó la suspensión de la fórmula de movilidad.