Irían a la Justicia para frenar el ajuste. Afirman que los boletos pasarán a mil pesos. “El gobierno nacional unitario decidió quitarnos a todos los municipios del interior un derecho adquirido por ley”, dijo el intendente de Rosario.
Los intendentes están en alerta tras la quita de subsidios al transporte de parte del Gobierno Nacional. Prometen una guerra judicial para frenar el ajuste del Gobierno. Los boletos pasarán a 1.000 pesos.
Asimismo, decidieron conformar una Red Federal de Intendentes, para luchar y revertir esta inequidad de reparto de los recursos fiscales. Ante la falta de respuesta por parte del Estado nacional, los intendentes en las últimas horas, decidieron convocarse nuevamente, y en este caso viajarán a la ciudad de Buenos Aires, al Congreso, donde expondrán cual es la situación actual con respecto al transporte, y el gran perjuicio que le genera a las ciudades, la quita de dichos subsidios.
Cabe aclarar que, hasta el mes de diciembre, el Estado nacional financió el 90% del costo real del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en ciudades del interior el monto fue por debajo del 25% y son los municipios y provincias, quienes subvencionan el servicio público de transporte.
A la justicia
Por ejemplo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, anticipó que van «a presentar un recurso judicial contra la quita de los subsidios al transporte» ya que, según él, «la eliminación de subsidios al transporte le desordena la vida a la gente y las cuentas públicas a los municipios».
En diálogo con El Destape, dijo Grasso: «Buscan sacarle recursos a las provincias y achurar a los municipios. Nosotros tenemos uno de los boletos más baratos, $197, con subsidio provincial y municipal».
Asimismo, explicó que «en todas las partes del mundo el transporte está subsidiado porque acompaña la actividad económica». Contó que «lo importante es trasladarse al trabajo» y que en «algunos lugares es gratis».
El jefe comunal reveló que sin subsidio el boleto en Rio Gallegos pasa de $197 a más de $1.000. «Hay que parar este ajuste», expresó y adelantó que «vamos a presentar un recurso judicial contra la quita de los subsidios al transporte».
Hablan de «crisis grave»
Por su parte, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, dijo que «la crisis que se viene del transporte es grave». Y según su visión, «en Gesell corre riesgo de perderse el transporte público, la empresa está muy preocupada el municipio no puede hacerse cargo de los subsidios que se sacan».
Así, los intendentes avanzarán en una acción judicial contra el Estado nacional por la quita de los subsidios al transporte. Lo dijo además el mandatario de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini. Y agregó que este jueves viajarán a Buenos Aires para negociar.
“Lamentablemente la certeza es que el gobierno nacional unitario decidió quitarnos a todos los municipios del interior y los gobiernos provinciales un derecho adquirido por ley, por un fondo compensador para el subsidio del transporte, decidiendo que solamente concentren, como lo vienen haciendo, de una manera discriminatoria, en el área metropolitana”, sostuvo el cordobés.
“Parece que para el gobierno nacional la General Paz es el límite de la Argentina y para nosotros no. Nosotros vivimos en lugares con la gente, los estudiantes, los trabajadores. La gente de a pie no es la casta, entonces no vamos a aceptar ese castigo. No nos vamos a quedar quietos”, manifestó.
Rosario también cuestionó la medida
La semana pasada, en un documento compartido en la red social X por el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, los alcaldes afirmaron que no se trata de una medida «contra los intendentes» sino «contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse».
«Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país. De confirmarse a través de una resolución lo expresado ante la prensa, esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país», vaticinaron. Además, remarcaron que con esta medida «se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior».
«Hacerlo de manera improvisada, puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior», insistieron los mandatarios y sostuvieron que evaluarán «todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional».