Un allanamiento por un conflicto con un alquiler derivó en un millonario secuestro y el descubrimiento de una cueva financiera. La policía incautó 46 millones de pesos, 85 mil dólares y 21 mil euros. Un ex jerárquico municipal quedó preso.
Un allanamiento inicialmente motivado por un conflicto entre un propietario y su inquilino en un lujoso edificio del puerto de Santa Fe derivó en una decena de operativos de la Justicia Federal debido al descubrimiento de una cueva financiera por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe. La requisa terminó con el secuestro de 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 21.000 euros y 23.000 reales. También de 39 tarjetas de crédito.
El origen del allanamiento en la onerosa torre Amarras II fue debido a un diferendo entre un propietario y su inquilino en un lujoso edificio en el puerto de Santa Fe. El caso iniciado por un fiscal provincial, Arturo Haidar, y luego derivado al fiscal federal Walter Rodríguez. Este último funcionario contempló dos delitos que son la utilización de tarjetas de débito con fines defraudatorios y lavado de activos agravados.
El hombre detenido fue identificado como Angel Benavídez, es un ex funcionario de Control durante la gestión del ex intendente José Corral. Y su esposa, sin ninguna vinculación en el caso, es una funcionaria actual del Ministerio de Economía de Santa Fe, a cargo de una dirección del área de Crédito Público.
Según manifestó el fiscal Rodríguez, el hallazgo de la fortuna en ese departamento del puerto santafesino fue por completo azar. Se había dispuesto una irrupción por un conflicto originado en junio pasado por un alquiler entre propietaria e inquilino. La dueña cambió la cerradura y subalquiló de manera temporaria la propiedad.
Los agentes ingresaron al departamento sin resistencia por parte del hombre detenido y se sorprendieron al encontrar una gran cantidad de dinero. Además del efectivo, se encontraron decenas de tarjetas de débito, cheques por sumas millonarias y abundante documentación, indica diario Uno de Santa Fe.
Los investigadores sospechan que el departamento funcionaba como una base para actividades financieras ilegales y por eso se inició una investigación que involucra a varias personas como posibles cómplices o testaferros.
Tras esa irrupción inicial ocurrida el martes, este miércoles se realizaron allanamientos en siete propiedades diferentes, donde se incautó más dinero en efectivo y se identificó un vehículo vinculado al caso. Los allanamientos se concretaron en un estudio jurídico, un negocio de telefonía celular en una galería comercial y una casa en un barrio privado.
