Ocho son las denuncias por estafas, a un corralón ubicado en calle Rondeau de la ciudad de Paraná. Según se informó, “era un negocio familiar, de una mujer y su esposo”, expresó Boris Cohen, abogado del hombre denunciado.
El pasado miércoles realizaba una denuncia Corina Beisel, abogada de uno de los damnificados, que son ocho las denuncias por estafa, que lleva este corralón ubicado en calle Rondeau de Paraná. Así mismo, Beisel informó que “una sola denuncia, llegó a la unidad de investigación y litigación para que se inicie la correspondiente investigación penal”.
Según se informó, el corralón era un negocio familiar, de una mujer de 46 y su esposo de 47, que ofrecían materiales para la construcción a un bajo costo por redes sociales.
Este Jueves, dialogó con Elonce, Boris Cohen, abogado del hombre de 47 años, que aseguró que “la empresa esta titularizada a nombre de la mujer de 46”, y agregó que “la relación de pareja que tenían estas personas finalizó, por lo que, la mujer decidió clausurar el corralón y radicar una denuncia por violencia familiar en el Juzgado de Familia Número 2 de la Doctora Solari”.
“Es por esto que, la Doctora Solari decreto una medida cautelar, que le prohíbe a mi defendido, disponer absolutamente de todos los bienes, cuentas bancarias, vehículos que poseían, y todo lo que hubiera adentro del corralón”, aseguró Cohen.
A raíz de este conflicto familiar “la disposición de los bienes tendría que ser solucionado con una especie de divorcio, que no lo es, porque es solo una unión convivencial”, dijo el letrado.
Respecto a las denuncias por estafas, Cohen expresó que “lo que se trata de determinar en la causa penal es que si hubo estafa. Esto va a surgir de la pericias y teléfonos que se secuestraron”, y agregó que “mi detenido ya me adelanto que la compra y venta de materiales era habitual en el corralón, y que las herramientas propias del local se compraron con el desarrollo de la empresa”.
“Como la empresa esta titularizada a nombre de la ex pareja de mi defendido y con la medida cautelar que ha dictado la jueza de familia. El esta inhabilitado a entregarle materiales a alguien».
Si vamos a lo estrictamente jurídico, la responsabilidad es de la persona que es titular de la razón social y que actualmente tienen los bienes cautelados en su poder”, explico el abogado.
Ademas agregó que «el conflicto de familia, que destraba la disposición de los bienes, tendría que ser solucionado con una especie de divorcio, que no lo es, porque es solo una unión convivencia”.
FUENTE: El Once
