La relevancia estratégica para el desarrollo de la nación y de las provincias que revisten las vías navegables y sus puertos es innegable.
En nuestra provincia contamos con los puertos activos de Concepción del Uruguay, Diamante, Ibicuy y La Paz, que es necesario impulsar con mejor explotación de sus potencialidades; las cuales indudablemente deben ser evaluadas en el marco más amplio y estratégico que constituye el corredor natural que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, que permite la comunicación entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay, y por el que transitan hasta 4000 embarcaciones por año aproximadamente.
En tal sentido cabe recordar la firma que se realizó en Santa Fe el 28 de agosto de 2020 del Acuerdo Federal Hidrovía, con el objetivo de crear la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado bajo el modelo de empresa estatal con una participación del 51% por parte del Estado Nacional y un 49% integrado por las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.
Sobre la conveniencia de dicho acuerdo a los intereses de la región y al fortalecimiento del desarrollo mancomunado con perspectiva federal debemos insistir para que sea retomado en su implementación. La importancia de tal compromiso de carácter federal ha sido objeto de un proyecto de declaración de interés de mi autoría presentado ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
En la ciudad de Paraná el Puerto Nuevo presenta características y potencialidades propias que deben ser consideradas a partir de un estudio técnico acorde, que a su vez no abandone la mirada social, y sobre todo tenga una perspectiva estratégica en términos de soberanía nacional y desarrollo regional.
Interesado por parte del Sindicato de Dragado y Balizamiento en el proyecto de ley impulsado ante el Congreso de la Nación de ceder a la Municipalidad de Paraná el predio del puerto, considero necesario detenerse en los aspectos antes señalados e integrarlos de manera efectiva al planteo sobre el futuro de dicha área.
Si bien es cierto que la inversión privada es un motor fundamental para el desarrollo, no lo es menos que ciertos recursos naturales y materiales deben ser preservados y desarrollados con perspectiva social y estratégica.
El área del Puerto Nuevo demanda un estudio de sus potencialidades que considere su valor social, económico, estratégico, cultural y ambiental, explorando sus posibilidades como espacio de uso público y para la navegación, poniendo el acento en su desarrollo como polo científico, tecnológico y educativo, y su capacidad de generar empleo.
En tal sentido se debe destacar el valor de la actividad formativa y productiva que desarrolla la Escuela Técnica Nº100, a través de la construcción de embarcaciones, su vocación de generar un astillero que genere empleo calificado, y el impacto social y económico que ello implica.
Las leyes Nº27.418 de régimen de promoción de la industria naval argentina, y Nº27.419 de desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial regional, de cuyo impulso he formado parte siendo diputado nacional, son instrumentos de gran utilidad a los fines revitalizar la actividad fluvial, portuaria y astillera en nuestro país.
Asimismo, no debe perderse de vista la importancia que tiene la Dirección Nacional de Vías Navegables desde una perspectiva soberana sobre nuestras aguas en el curso del Paraná Medio; y estratégica respecto de actividades que tiene que ver con el dragado y el balizamiento, estudios de nuestros ríos, y el mantenimiento de las distintas embarcaciones que navegan a lo largo del Paraná.
La participación del Sindicato de Dragado y Balizamiento en las propuestas que se planteen respecto del destino del puerto de Paraná es fundamental, por su conocimiento y experiencia en la temática.
Paraná debe volver la mirada hacia su río con una perspectiva integral de futuro. El recurso hídrico es valorado y anhelado por las naciones del mundo entero. Nuestra mirada como ciudad, como provincia y como país debe estar puesta sobre él para su preservación y desarrollo, a través de políticas claras definidas y ejecutadas por el Estado en el ejercicio del poder soberano.
