La abogada Itatí Demarchi es vicepresidenta de la Federación de Colegios de la abogacía de Córdoba y consejera electa suplente en el Consejo de la Magistratura Nacional (CM). Durante la semana pasada estuvo en Entre Ríos participando en actividades con el Colegio de la Abogacía provincial sobre las problemáticas del sector. En diálogo con APFDigital apuntó contra los riesgos que suponen los cambios que se pretendieron imponer en la legislación de las sucesiones y ante el centralismo que adopta el CM.
Demarchi es abogada laboralista y previsionalista, referente a nivel nacional en materia de género. Es vicepresidenta de la Federación que nuclea a los 11 Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba y del Foro que nuclea a todos los institutos de Derecho del Trabajo del país. También es docente universitaria, conferencista y publicista nacional e internacional. Además, es Consejera suplente electa en el Consejo de la Magistratura Nacional en representación de la abogacía litigante.
“Vengo con un recorrido por todo el país de la abogacía litigante, en vista de los desafíos que tiene por delante. Dentro de ellos, hoy se está hablando del derecho de licencias laborales para los abogados litigantes que no perjudiquen el sistema de administración de Justicia y que no demore al justiciable”, señaló en diálogo con esta Agencia .
El derecho a licencia de abogados y abogadas “está postergado hace mucho tiempo, que impide hasta el día de hoy al profesional del derecho a gozar de días por enfermedad o cuidado de recién nacidos y que no corran los plazos procesales”, acotó.
“Esta es una idea que ya se ha dado en Salta y que se replicando en muchísimas provincias. Entre Ríos es una de ellas, con una excelente proyecto”, señaló.
Incluir este derecho “conlleva la modificación de los códigos procesales y laborales porque implica una nueva suspensión de plazos, porque el trabajo del profesional litigante es en la Justicia por lo tanto tiene que conllevar una variación del código procesal”, razonó.
La abogacía litigante, la que recorre de todos los días y a toda hora los pasillos de los Tribunales sin tener una relación de dependencia con ningún empleador público o privado es “el primer lugar de escucha de la ciudadanía, que al primer profesional que recurre cuando tiene un problema es al estudio del abogado. Por eso la abogacía litigante merece ser escuchada de manera legítima por los poderes públicos. Este ha sido un caso donde hemos recibido muy buena atención por parte de las Legislaturas provinciales y de los organismos de poder”, evaluó.
Demarchi también marcó que los abogados también están en guardia en defensa de sus incumbencias profesiones a razón de la existencia de algunas iniciativas legislativas que las pondrían en jaque.
Uno de los ellos es el proyecto para dejar de lado los juicios sucesorios y llevar este trámite a los registros notariales. La abogada refutó uno de los posibles beneficios que se habían planteado para impulsar esta reforma: la reducción de costos para las personas que deben tramitar una herencia.
“El costo del juicio sucesorio depende de qué sucesión se habla. No hay un quantum universal. Además, el hecho de hacerlo ante un notario público no garantiza una reducción del costo. El tema no es ese, sino dónde se tramita (la sucesión). Se necesita una preparación técnica específica que los notarios no poseen. Los juicios sucesorios no se pueden solucionar con una cédula en una escribanía. Requiere un ejercicio técnico que lo tienen los abogados”, reseñó.
La reforma del Consejo de la Magistrura
“El Consejo es un lugar de debate, de decisión importante para la sociedad sobre el sistema judicial íntegro: la designación, remoción y el disciplinamiento y la sanción de jueces, juezas e integrantes del Poder Judicial de la Nación”, señaló.
Al respecto, mencionó que es necesario que en este órgano “todas las voces de todos los estamentos sean escuchadas. La abogacía litigante tiene que tener un espacio de discusión y de debate genuino y para ello todos los profesionales de todos los rincones del país tienen que estar representados en el Consejo de la Magistratura de manera federal y genuina”.
Luego, fue más allá y cuestionó que el organismo “no puede seguir dándole un lugar imprescindible y prácticamente exclusivo a la agenda de las grandes capitales. Eso es una mirada elitista”.
En orden a este punto señaló que uno de los elementos que coadyuva a que la sociedad tenga una visión de que este instituto creado en la Constitución de 1994 tiene una misión trunca es la cobertura de vacantes.
“La Justicia Federal del país no tiene la misma atención que la que tiene Comodoro Py, que parece ser la única, de la que depende toda la Nación”, reseñó.
“Para un funcionamiento ágil y efectivo se debe dar voz y trascendencia a las necesidades impostergables de cada rincón del país”, remató.
Fuente: APFDigital
