Se tratará también el proyecto que prorroga el incentivo a la construcción, una iniciativa para que los antibióticos deban ser prescriptos con receta archivada, y debatirán un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece modificaciones al régimen disciplinario en las cárceles del país.
El Senado volverá a sesionar este miércoles, luego de más de un mes sin plenarios, con temas consensuados entre el oficialismo y la oposición entre los que se destacan el Consenso Fiscal firmado entre las provincias y la Nación, el proyecto que prorroga el incentivo a la construcción y una iniciativa para que los antibióticos deban ser prescriptos con receta archivada.
La reunión plenaria se llevará a cabo desde las 14 y será la primera luego del receso de julio.
El Consenso Fiscal fue firmado el 27 de diciembre del año pasado por los gobiernos opositores de Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Misiones y Rio Negro, además del resto de las provincias gobernadas por el oficialismo.
Las únicas jurisdicciones que no adhirieron fueron San Luis, La Pampa y la ciudad de Buenos Aires gobernada por el dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta.
Se trata de un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.
Además, la Cámara alta avanzará con la prórroga de la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica al sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa «puente al empleo» referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.
Por otro lado, los legisladores debatirán un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece modificaciones al régimen disciplinario en las cárceles del país.
La iniciativa enviada en 2021 al Senado surgió a partir de una recomendación recibida por el Estado argentino de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que marcó que la regulación nacional en la materia presenta «un sensible atraso» en el contexto internacional.
FUENTE: Télam
