Se cumple una década y media del caso que conmovió al país. No hay actividades, solo el silencio y el recuerdo en la familia de la chica.
La lista de desaparecidos de las últimas décadas en Entre Ríos que ya nadie busca es muy amplia, y ante cada nuevo misterio de una persona ausente que no se resuelve en las primeras semanas, crece. Quizá el más emblemático de todos los casos sea el de Fernanda Aguirre, que ha tenido más sombras que luces desde el mismo 25 de julio de 2004. Hoy a las 16 se cumplirán 15 años desde aquella tarde en que la chica de 13 años salió de su casa hacia el puesto de flores de su familia frente al cementerio de San Benito.
No hay convocatorias a marchas ni actos por Justicia, al menos difundidas para hoy, no quedan más que el recuerdo y el dolor de la familia de Fernanda.
La hipótesis principal en la causa fue que la joven fue raptada para ser abusada sexualmente, asesinada y su cuerpo ocultado para siempre. Hoy se diría que fue un femicidio.
La investigación pudo determinar que en horas de la siesta de aquel domingo, Miguel Ángel Lencina, junto a su sobrino de 14 años, secuestró a Fernanda en una calle de San Benito, cerca del cementerio local. Este hombre fue detenido y luego apareció ahorcado en una celda de la comisaría quinta de Paraná, en un confuso y oscuro hecho que terminó caratulado según la Justicia como suicidio.
La esposa de Lencina, Mirta Cháves, fue condenada a 17 años de prisión en diciembre de 2007 por el delito de Secuestro extorsivo de una menor. El otro juzgado por el Tribunal de la Sala I de la Cámara del Crimen fue Raúl Monzón, finalmente absuelto.
De este modo quedó el caso cerrado, y fueron pocas las pistas surgidas luego para investigar el destino de la adolescente. Es que lo que había que hacer en su momento, no se hizo.
El exjuez Héctor Toloy dirigió la causa judicial, y en el arranque intentó que sea investigada por la Justicia Federal. Se perdió muchísimo tiempo, hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó que el juez de Paraná sea el responsable de la pesquisa.
La mañana del 17 de diciembre de 2007, en la que los jueces del Tribunal del juicio (José María Chemez, Hugo Perotti y Ricardo González) afirmaron que la hipótesis del secuestro de Fernanda “ha perdido asidero casi por completo (…) toda vez que ninguno de los datos aportados al respecto ha sido corroborado mínimamente”, parece haber sido el punto de inflexión para que la búsqueda de la joven cesara. Si bien la causa siguió abierta, los movimientos para determinar cuál fue el destino de la chica fueron de poco a nada. La única esperanza fue siempre lo imposible: que Chávez dijera qué pasó con Fernanda, si es que Lencina no se llevó el secreto consigo a la tumba.
En la sentencia sostuvieron que “las notas y esquelas con pedidos de auxilio encontradas en distintos lugares del país no pertenecen al patrimonio escritural de Fernanda Aguirre, siendo probablemente burdas imitaciones ‘plantadas’ o hasta bromas de mal gusto”, refirieron los magistrados.
Se la buscó por todos lados en la Argentina, incluso en países vecinos. Nunca se pudo comprobar la idea de que fue secuestrada y entregada a una organización de trata de personas que la sacó de Paraná.
Sin embargo, pese a que el Estado fue abandonando la búsqueda, la madre de la víctima, María Inés Cabrol, nunca dejó de sospechar que su hija había sido entregada a una red de prostitución, y siguió cada pista hasta su fallecimiento, el 11 de mayo de 2010. Tenía 45 años y no pudo más frente a una penosa enfermedad. Esa mujer le reclamó al poder político, judicial, institucional una respuesta y lo único que recibió fueron promesas y falsas expectativas.
Las hermanas de Fernanda; su padre, Julio y otros familiares intentaron llevar el reclamo, el tiempo pasó y lo único que queda de la menor de San Benito es su recuerdo.
En aquellos días de 2004 escuchar hablar de femicidios o delitos en contextos de violencia de género era muy extraño. Si bien el caso conmocionó al país y movilizó a muchas personas, hoy la presión social ante los crímenes de género ha logrado cambiar las perspectivas de trabajo sobre estos casos. Aunque no tanto. El femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay, tiene un punto en común con el caso Fernanda. Sus captores y asesinos (Sebastián Wagner y Miguel Lencina) habían sido condenados por delitos sexuales y liberados antes de cumplir la condena, pese a los informes desfavorables de los especialistas. Evidentemente, todavía queda mucho por cambiar.
FUENTE: Diario Uno
